Por los que nacerán mañana

El diálogo que se ha alcanzado con jefes de pandillas es un signo de una inflexión en el tratamiento del problema de la violencia, que contrasta con las políticas enfocadas en el aspecto punitivo de los últimos años.

Las políticas represivas han demostrado su ineficacia al potenciar el mal que se deseaba combatir. Los hechos de los últimos quinquenios así lo demuestran. La anuencia de las autoridades al diálogo deja entrever la señal de una aprehensión distinta de la naturaleza del problema. El fenómeno no es puramente comisión de hechos delictivos que responden a iniciativas individuales, sino el resultado de un fenómeno sociológico que posee dinámicas propias.

Variadas expresiones de la sociedad salvadoreña y del extranjero han insistido en la necesidad de comprender a fondo esas dinámicas, para buscar soluciones sustentables y serias. Las soluciones no vendrán tan pronto como se quisiera, pero a su tiempo llegarán. El trabajo de prevención toma su propio ritmo y habrá que esperar, al menos, el paso de una generación para que el panorama presente los cambios que deseamos.

Para ello, se vuelve imperativo la elaboración de planes estratégicos que superen lo coyuntural. Si el diálogo hasta ahora responde a un plan estratégico que contempla la implementación de agresivos programas de prevención para desactivar los factores de riesgo de la violencia, enhorabuena. Pero si el mismo se ha producido como un elemento aislado o, peor, como se ha hecho pensar, como resultado de una iniciativa de las dirigencias de las pandillas, sería muy riesgoso, pues, se estaría quemando un recurso que hará las cosas mucho más difíciles en el futuro.

Para evitar la dilución de este primer paso se debería contar con un plan objetivo que incluya los aspectos esenciales que han sido señalados hasta la saciedad por diversas personas y entidades. Incluye asignar los recursos necesarios para implementarlos.

Esos planes deberían velar no solamente por los niños y adolescentes de hoy, lo cual, seguiría siendo coyuntural sino por los que nacerán mañana, para que sea verdaderamente estratégico. Dentro de lo estratégico se debe contar con la participación de la sociedad, sin la cual, cualquier plan estaría destinado a una defunción prematura.

Por hoy, este camino afronta una amplia desaprobación ciudadana. Pero es comprensible. Después de décadas cultivando la idea que la fuerza es la solución, después de años dando cada vez mayor protagonismo a lo operativo que a lo técnico, después del creciente protagonismo del ejército en tareas de seguridad pública y después del cansancio acumulado de múltiples asesinatos, extorsiones y amenazas, la voluntad popular no muestra mucho entusiasmo por los caminos alternativos.

La lógica del ojo por ojo ha permeado al punto que se ha convertido en un elemento cultural. La prevalencia de la agresividad como recurso para resolver conflictos se abraza en cada ámbito.
La aversión popular al único camino todavía no andado es el precio que hoy hay que pagar por la irresponsabilidad, la indiferencia y la manipulación con que el problema se manejó. Todavía no es tarde y hoy es cuando se necesitan las contribuciones positivas.

Hagámoslo por quienes nacerán este año. Por nuestros hijos y nuestros nietos. La revancha y el desquite solamente empeoran las cosas. Eso ya lo dijo Jesús hace unos dos mil años y parece que todavía no nos enteramos.

El camino al “brinco”

El sentido común lleva a preguntarse la razón de la numerosa incorporación de niños y jóvenes a las pandillas, cuando se sabe con bastante certeza que dicho camino sólo puede conducir al delito, la cárcel y la muerte. ¿Qué motivaciones les impulsa a despreciar las duras consecuencias que el enrolamiento supone?

En la actualidad existen muchos estudios de nacionales y extranjeros que proponen respuestas. Éstas van desde aquellas que ofrecen una explicación individualista hasta aquellos que sobre socializan el fenómeno. Los primeros lo explican como resultado de una tendencia psicológica innata hacia la violencia. Los segundos como resultado de la pobreza y la exclusión social que conduce a los jóvenes a las pandillas.

Un nuevo enfoque es el que ha comenzado a realizarse a través del lente de la sociología de las emociones, que hace más comprensible e inteligible el proceso final de la toma de la decisión. Este enfoque permite explicar cómo las fuerzas sociales realmente modelan a la juventud en dirección a la incorporación a las pandillas y cuáles características de las mismas hacen la incorporación atractiva precisamente para esos jóvenes.

La experiencia de la pobreza, conflictos familiares y dificultades educacionales contribuyen a una espiral de vergüenza que convierte la sensación de baja autoestima en una situación crónica. Esta situación despierta una búsqueda desesperada de orgullo y autoconfianza. Las pandillas con sus rituales simbólicos de ingreso, tatuajes, violencia, promiscuidad sexual, acceso a drogas y armas, ofrecen una fuente potencial para alcanzar el anhelado “respeto” para aliviar la sed de sentirse alguien.

Los niños y jóvenes marginados en su búsqueda del “respeto” pueden probar el estilo de vida en la pandilla como simpatizantes, aprendiendo sus símbolos y estructura, la “clecha” o jerga interna, y sobre todo, experimentando la adrenalina de la energía emocional frente al peligro o los desafíos. El paso final para el “brinco” o ritual solidario que prueba la lealtad del simpatizante en un acto sacrificial provoca tanto en la pandilla, como en el aspirante, excitación y fortalecimiento de la fraternidad.

La pandilla con sus códigos de conducta, vestir, caminar, fraternidad, provee a la juventud de los medios para escapar de la espiral de baja autoestima, al menos por un tiempo, proveyéndoles una cohesiva red social similar al de una familia y enseñándoles la manera de transformar la vergüenza en rabia y venganza. El resultado final es un sentido peligroso de las potencialidades personales sin freno.

Para entonces, la cárcel, el endurecimiento de penas y la muerte misma resultan despreciables, pues finalmente han encontrado el sentido para sus vidas. Es cuando han comenzado a vivir, a vivir la vida loca. Sin la cual, en el futuro, no tendrían identidad y sin la pandilla tendrían el equivalente a una muerte social. De allí que las medidas disuasorias que se implementan resultan inútiles para el cambio de actitudes. Solamente la presentación de una alternativa diferente y superior podrá otorgarles una opción diferente de vida.

Tal opción la puede ofrecer el deseo de formar una familia, la desilusión al conocer la realidad de la vida en la pandilla, llena de traiciones. Pero para entonces, los lazos son demasiado fuertes y no hay salida de su calabozo. La conversión al evangelio queda como única forma de resolver su problema de baja autoestima y recibir una baja aceptable.

¿Arriba Honduras!

Cinco años antes de asumir como Presidente de Honduras, Ricardo Maduro sufrió una tragedia personal. Su hijo de veinticinco años fue tiroteado y secuestrado por una banda criminal en San Pedro Sula. Maduro imploró a los secuestradores el respeto a la vida de su hijo despertando la solidaridad del país.
Dos días más tarde el cuerpo de su hijo fue encontrado muerto por los disparos que le realizaron durante el secuestro. El funeral se convirtió en una masiva manifestación de indignación frente a una situación de asaltos, secuestros, robo de vehículos y asesinatos que agobiaban a los hondureños. Posteriormente la banda de los hermanos Padilla, autores del secuestro del hijo de Maduro, fue capturada y desarticulada.
Tres años después de la tragedia, Maduro se decidió a impulsar un esfuerzo para cambiar la situación de violencia enarbolando su plataforma “¡Arriba Honduras!”, con la cual lanzó su candidatura presidencial. La plataforma tenía como ingrediente fundamental una propuesta de cero tolerancia a la inseguridad y a la corrupción. Habiendo sufrido en carne propia la criminalidad logró granjearse la simpatía de la mayoría.
Mientras tanto, en 2001, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Asma Jahangir, puso el dedo en la llaga al confirmar que en Honduras se desarrollaba una matanza silenciosa que era necesario separar de los desmanes cometidos por las pandillas: el actuar de verdaderos escuadrones de la muerte que estaban claramente conectados con fuerzas y cuerpos de seguridad tanto públicos como privados, que solamente en los últimos dos años habían exterminado a cerca de un millar de niños y adolescentes callejeros. Se lamentaba que en las voces públicas no se denunciara el subfenómeno violento tanto o más dramático que la violencia de las pandillas.
En enero de 2002 Maduro asumió la presidencia y solamente unos días después impactó al país con la espectacular captura de un formidable arsenal, que incluía lanzacohetes, de una banda criminal que operaba en coordinación con los cárteles de México y Colombia. Animado por el éxito inicial logró el apoyo del Congreso que emitió una ley anti-maras por la cual cualquier integrante de una pandilla podía ser detenido, juzgado y encarcelado tomando como referencia los tatuajes y no la probación de delitos habituales. En base a la nueva ley la Policía lanzó vastas redadas produciendo dos efectos perniciosos.
Por un lado, las cárceles se convirtieron en un callejón sin salida donde se multiplicó dramáticamente la población. Las acusaciones de la implementación tácita de una política de limpieza social ganaron aún más credibilidad cuando dos incendios separados, en 2003 y 2004, produjeron un total de 174 miembros de pandillas calcinados en bloques carcelarios exclusivos para ellos.
Por otro lado, las propias pandillas reaccionaron con mayor salvajismo al disparar indiscriminadamente a los autobuses de transporte. El peor de estos ataques dejó un total de 28 asesinados en un solo incidente en San Pedro Sula. Al final de su mandato, Maduro dejó en la ciudadanía la impresión que el poder de las pandillas no había sido quebrado sino sólo mimetizado entre la población. La peor de las tragedias carcelarias de la historia ocurrió apenas el 14 de febrero pasado, en Comayagua, con un total de 359 fallecidos en condiciones todavía no esclarecidas. ¿Tan sólo otro accidente?

Las iglesias y la rehabilitación de miembros de pandillas

¿Es posible, por medio de la conversión al evangelio, que un miembro de una pandilla pueda abandonarla, mantenerse a salvo, renunciando a las drogas y a la violencia, para buscar un trabajo, iniciar una familia y comenzar un nuevo proyecto de vida?
Para muchos la respuesta será un no escéptico, pero, para los cristianos que han visto este guión repetirse vez tras vez por años, no hay duda que la respuesta será un rotundo sí.
Es tan verdadero que los vecinos que habitan en territorios controlados saben bien de la existencia en las pandillas de la condición de “calmado”. Término que aplican a miembros de la pandilla que se han apartado de las actividades delictivas y violentas para buscar su inserción social. Al presente, la única forma generalmente aceptada de adquirir la condición de “calmado” es por medio de la conversión cristiana.
Esto no significa que no haya casos en los que algunos jóvenes quieran valerse del recurso para evadir su lealtad a la pandilla. El desenlace fatal que sorprende a esos jóvenes proyecta la idea de que no hay escapatoria. Pero, la sobrevivencia de personas que experimentaron una conversión auténtica es el testimonio fehaciente que la condición es reconocida y aceptada.
El tema es ahora materia de investigación para sociólogos, a quienes la incidencia del fenómeno ha llamado la atención. Como sociólogos, no se remiten a explicaciones teológicas sino a construcciones teóricas que den cuenta del hecho.
Una de ellas es que para los miembros de pandillas es relativamente fácil adoptar las normas de conducta de las iglesias con sus exigencias de sexualidad restringida, abstención de sustancias adictivas y fiel asistencia a los cultos cuando, por años, han vivido en la pandilla habituados a códigos estrictos de lealtad.
También mencionan que la asistencia a una iglesia, aparte de proveerles la oportunidad de recibir la baja, les otorga otro tipo de beneficios, tanto sociales como psicológicos, como ayuda para encontrar trabajo, reordenamiento de sus prioridades y reconstrucción de relaciones personales de confianza, después de alejarse de la pandilla.
Para hombres que luchan con su adicción, violencia y relaciones caóticas es un alivio encontrar en las iglesias el camino para establecer rutinas saludables a través del apoyo social y la rendición de cuentas en comunidades cristianas con estrictas guías de conducta y su énfasis en la esfera hogareña.
También se arguye el rol de la emoción en el proceso de conversión y reconstrucción de la identidad, la cual permite a los jóvenes reconocer y descargar su vergüenza crónica de manera pública, escapando de la espiral viciosa que acompaña a las pandillas y su violento código de “respeto”. La catarsis coloca la base de un trabajo, que se extenderá por meses o años, de construcción de una nueva identidad que acata nuevas líneas de acción.
Ya sea que los sociólogos lo llamen “lealtad” y los cristianos “amor”, “apoyo social” o “comunión”, “catarsis” o “confesión”, “reconstrucción de la identidad” o “santificación”, el hecho es que el cambio existe y cada vez se ignora menos en los acercamientos objetivos a la problemática de las pandillas. Que no suceda en este tema que seamos los últimos en enterarnos y podamos mostrar inteligencia al enfrentar nuestros problemas, optimizando el uso de los pocos recursos que tenemos disponibles.

Sentido del reconocimiento para las víctimas

Para las víctimas, los actos de reconocimiento público de responsabilidad del Estado, representan un cambio formal en la tendencia que las autoridades han mostrado frente a los hechos que les enlutan. La tendencia generalmente comienza con la negación de las violaciones, continúa con el rechazo de las responsabilidades, la obstrucción de las investigaciones y la inviabilidad de un proceso judicial para procesar a los culpables.
Un acto de reconocimiento es, en sí mismo, un cambio de dirección en esa tendencia que hace público ante las víctimas y la sociedad la realidad de lo ocurrido y la aceptación de responsabilidades. Las víctimas esperan que a partir del reconocimiento haya un cambio en el trato que están habituados a recibir por parte del Estado. Esperan que la nueva relación esté basada en el respeto y la dignidad de las personas y en el restablecimiento de una confianza básica.
Dado que los hechos de responsabilidad del Estado se basan en causas sociales y políticas, con mucha frecuencia se ofende y denigra a las víctimas. El propósito político solamente puede sostenerse con la imposición de categorías ideológicas que justifiquen el trato dado y minimicen a las personas. El esfuerzo puede resultar en que las víctimas vean cuestionada su misma experiencia incrementando su desconcierto y dolor. Mientras no se produzca un acto de reconocimiento, tendrán que continuar enfrentando cada día el vilipendio a sus familiares y la evasión de la responsabilidad.
Cuando los hechos que se reconocen son más numerosos que el particular, el acto también representa un reconocimiento indirecto a otras víctimas. La necesaria especificidad del reconocimiento de un caso, también puede tener un sentido de reparación moral para otras personas que se vieron afectadas por violaciones similares. Además, para que sea coherente, con igual claridad, debe incluir compromisos públicos del Estado en la prevención de nuevas violaciones a los derechos humanos.
El sentido de reparación moral cobra mucha más relevancia cuando el reconocimiento se produce de manera voluntaria y no bajo la presión de una sentencia. El nivel de representación del Estado y la publicidad dada al acto le otorga un efecto pedagógico preventivo. A más alta representación y a más amplia publicidad, mayor contundencia en la ruptura con la práctica de las violaciones a los derechos humanos y su encubrimiento. Una función educativa no sólo para las fuerzas de seguridad sino para toda la sociedad que comprende que conductas abusivas y aberradas no serán toleradas ni vistas más como aceptables.
Por supuesto que los actos de reconocimiento despiertan muchas sensibilidades. No puede ser de otra manera porque siempre aluden a componentes simbólicos como medio para reconocer la injusticia de los hechos y la dignidad de las víctimas. Los resquemores serán mayores si tal acto es insólito en las posiciones acostumbradas por el Estado. A mayor novedad, mayor revuelo de opiniones contrarias levantará.
Pero para las víctimas, que han vivido marginadas o perseguidas durante años, es tal vez el único momento en que se sienten importantes para el Estado y bien tratadas por él. Es el momento cuando las autoridades se acercan a ellas, mostrando respeto y dándoles importancia como ciudadanos con derechos. Para las víctimas, esa experiencia es la que le da validez y sentido al reconocimiento, por encima de las opiniones y análisis que terceros puedan hacer.