Hace un par de décadas, con el incremento de la violencia homicida, nació el debate sobre las posibles soluciones. Pronto, las posiciones se definieron entre prevención y represión. La opción de los gobernantes fue siempre a favor de la represión, por el rédito electoral que tales medidas podrían granjearles frente a una población culturalmente acostumbrada y estimulada a buscar las soluciones en la agresividad y el contragolpe. Así, las posiciones políticas también se alinearon frente a ese condicionamiento electoral. La izquierda, que entonces era oposición, defendió la prevención de la violencia como el camino correcto frente a las campañas electorales de mano dura y súper mano dura de la derecha. Pero al producirse la alternancia en el ejecutivo, la izquierda pasó a adoptar la represión como elemento primordial de su manejo de la violencia, ejecutando un rol mucho más real que el publicitario de los gobiernos de derecha.

En el proceso, la prevención fue perdiendo el estigma partidario que le habían endosado y fue siendo reconocida como un elemento fundamental para la mitigación consistente de la violencia. Paradójicamente, en la práctica, el Estado continúa invirtiendo principalmente en el tema de la represión. La verdad es que estos dos aspectos no son excluyentes sino más bien complementarios. Mas como complementarios debería existir, al menos, cierta equidad en la voluntad y asignación de recursos para cada área. De igual manera, resulta importante definir el perfil de lo que sería una represión eficaz. La misma tendría que ver más con el uso de la inteligencia que con el uso de la fuerza. La persecución del delito debería poseer como base esencial la investigación científica. Pero, para ello, se precisa de científicos criminólogos. Un buen punto de partida para la construcción de una estrategia represiva eficiente debería ser la fundación de una escuela criminológica que forme investigadores en un país donde no existe esa opción como carrera universitaria.

La inteligencia investigativa debe ser acompañada de un cuerpo policial que sea respetuoso de la legalidad y los derechos humanos. El poder coercitivo del Estado tiene como finalidad establecer el respeto a la ley. No se puede establecer el respeto a la ley rompiendo la ley. La pedagogía del abuso envía el mensaje que la ley es descartable y vuelve a recomendar el uso de la violencia como panacea para los males. Para que exista una represión eficaz también se necesita de un sistema de justicia probo y legítimo. Eso implica la eliminación de la corrupción judicial y la formación permanente de los encargados. Además, la represión también implica un sistema penal auténticamente rehabilitador.

Que permita al transgresor su inserción social; que le eduque y le oriente, que elimine las causas en su individualidad que le llevaron a delinquir y que le proporcione las herramientas para desarrollar una vida productiva después de cumplida la pena. Es decir, hacer del sistema penal una institución de inserción en lugar de universidad del crimen. El montaje de una represión estatal eficaz demanda inversión. Pero, de no hacerse, el problema de la violencia solo se trasladará al futuro, haciendo cada vez más cara la cura.