El principio de separación Iglesia-Estado es un consenso social, político y legal que se elaboró como una salida a la larga y caótica historia de las relaciones entre las dos entidades. Establece la autonomía y la no injerencia entre espacios. Como resultado de esa separación, es posible alcanzar acuerdos como, por ejemplo, el de la libertad de culto. Este es un derecho humano fundamental por el que cada persona es libre de elegir su religión o no elegir ninguna y vivir públicamente su convicción sin ser víctima de opresión, acoso ni discriminación. Para hacer eso posible, el Estado adopta un proceso de secularización con la meta de llegar a ser enteramente laico. La historia ha demostrado que el Estado laico es la mejor opción para lograr equidad entre las diversas expresiones religiosas en un país.

El principio de separación Iglesia-Estado no implica el fin de las relaciones entre las dos instancias. Por el contrario, es la base para un acercamiento y colaboración de respeto. En ese vínculo, debería jugar un papel fundamental el aspecto ético antes que el oportunismo electoral. Pero ¿qué base es la que puede servir a las iglesias como guía en ese acercamiento? Sin duda, la que expresan las mismas Escrituras: “Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios para tu bien” (Romanos 13:3-4). El pasaje expone que la finalidad del Estado es la de ser servidor de Dios para el bien. La palabra que se usa en el griego para “bien” es “agatón”. Esta es una palabra que etimológicamente puede recibir diversas acepciones y, a lo largo de la historia de las relaciones Iglesia-Estado, se ha interpretado de maneras diversas. Pero se ha llegado a un consenso general de que la mejor manera de entender “agatón” es como justicia.

En el Antiguo Testamento encontramos que justicia siempre está relacionada con la protección de los migrantes, huérfanos, viudas y encarcelados. El salmo 146 nos dice: “El Señor hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos”. En este, como en otros muchos pasajes de las Escrituras, Dios se revela interesado en la dignidad de los marginados y en hacerles justicia. Aquellos que se precian de ser hijos del Dios de la Biblia deberían, inexcusablemente, abrazar los mismos ideales de justicia.

Por su parte, el Estado salvadoreño en el artículo 1 de su Constitución establece que “reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”. Más adelante añade: “En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. El tema de la justicia se repite en el artículo y en la procura de ese ideal se encuentra la coincidencia entre el poder político y la razón profunda del ser de las iglesias. La base ética para la relación entre las iglesias y el Estado es la búsqueda conjunta de la justicia, especialmente para los marginados. Este es un camino por el que la Iglesia puede caminar segura.

Por supuesto que esa coincidencia se da cuando el poder político alcanza el ideal expresado en la Biblia y en la Constitución, lastimosamente la búsqueda de la justicia y el bien común suelen ser solo discursos. La falla del Estado en cumplir el designio divino no exime a la Iglesia de su responsabilidad. Esta no está condicionada a aquél y es su deber el cumplir con el propósito divino de hacer justicia a los olvidados. En estos casos, la Iglesia afrontará mayores dificultades en la búsqueda del bien común y podrá, incluso, sufrir persecución.