A finales de 2009 el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública dio a conocer una iniciativa para promulgar la «Ley especial de retiro y rehabilitación de miembros de pandillas, maras, agrupaciones y organizaciones de naturaleza criminal». Un año después, en la coyuntura del paro al transporte decretado conjuntamente por las dos principales pandillas y con la sanción a la ley de prescripción de esos grupos, se ofreció una vez más la promulgación de aquella.

Después de esas fechas no se ha escuchado hablar más del tema, lo cual, es preocupante dado que la ley de retiro y rehabilitación de jóvenes miembros de grupos disfuncionales es un elemento clave para los planes que se poseen de creación de parques industriales, que permitan su inserción laboral o la nueva propuesta de crear los municipios santuarios.

No se concibe cómo sería posible que la Policía Nacional Civil deje de aprehender a jóvenes miembros de pandillas dentro de esos municipios si no es porque los mismos se hubiesen acogido voluntariamente a un mecanismo legal, que les libere del delito de asociaciones ilícitas. Este es el interminable dilema al que se han enfrentado por años las instituciones dedicadas a la tarea de conversión de esos jóvenes y a sus esfuerzos por insertarlos laboralmente: el trabajo de meses se derrumba cuando los jóvenes dentro de esos procesos son detenidos y remitidos a un sistema judicial harto paciente que irrespeta los plazos legales y retiene por meses a personas que al final resultan no tener deudas pendientes. Pero, para entonces, sus familias han quedado en el desamparo, las plazas que con mucho esfuerzo se lograron abrir se han cerrado y ha desalentado a otros jóvenes a buscar las poquísimas salidas que les quedan a su situación de marginación.

La promulgación desnuda de la ley de retiro y rehabilitación es algo que se puede lograr de manera relativamente fácil, ya que se trata de una cuestión de formas. Pero, la misma sería inútil si no es acompañada de los instrumentos y el concepto general que le daría sentido. En la propuesta original el sentido de la ley se lo proporcionaba el Programa Nacional de Rehabilitación, el cual, promovería y apoyaría la ejecución de proyectos educativos, laborales, de salud y de rehabilitación de adicciones.

Además, el órgano fundamental del programa era la Comisión Nacional de Rehabilitación donde estarían representados ministerios públicos, universidades, iglesias, empresa privada, organizaciones no gubernamentales y sindicatos. Además el programa era dotado de presupuesto público y se creaba un patronato para canalizar aportaciones privadas.

Es decir, se creaban las condiciones para el involucramiento general de la sociedad en el esfuerzo de rehabilitación. Este enfoque integral, a final de cuentas, es la única y real forma de resolver un problema tan profundo y extenso como el de la rehabilitación. Lastimosamente, han transcurrido tres años desde que se mencionó la iniciativa y no se han vuelto a hacer intentos serios por retomarla. Mientras tanto, se continúa improvisando en respuesta a las condiciones cambiantes sin poseer un plan estratégico que optimice los pocos esfuerzos que se hacen y le de coherencia a un esfuerzo que no debe ser postergado por más tiempo. Necesitamos el Plan Nacional de Rehabilitación para que las personas de buena voluntad se sumen a este esfuerzo imperioso.