Cinco años antes de asumir como Presidente de Honduras, Ricardo Maduro sufrió una tragedia personal. Su hijo de veinticinco años fue tiroteado y secuestrado por una banda criminal en San Pedro Sula. Maduro imploró a los secuestradores el respeto a la vida de su hijo despertando la solidaridad del país.

Dos días más tarde el cuerpo de su hijo fue encontrado muerto por los disparos que le realizaron durante el secuestro. El funeral se convirtió en una masiva manifestación de indignación frente a una situación de asaltos, secuestros, robo de vehículos y asesinatos que agobiaban a los hondureños. Posteriormente la banda de los hermanos Padilla, autores del secuestro del hijo de Maduro, fue capturada y desarticulada.

Tres años después de la tragedia, Maduro se decidió a impulsar un esfuerzo para cambiar la situación de violencia enarbolando su plataforma «¡Arriba Honduras!», con la cual lanzó su candidatura presidencial. La plataforma tenía como ingrediente fundamental una propuesta de cero tolerancia a la inseguridad y a la corrupción. Habiendo sufrido en carne propia la criminalidad logró granjearse la simpatía de la mayoría.
Mientras tanto, en 2001, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Asma Jahangir, puso el dedo en la llaga al confirmar que en Honduras se desarrollaba una matanza silenciosa que era necesario separar de los desmanes cometidos por las pandillas: el actuar de verdaderos escuadrones de la muerte que estaban claramente conectados con fuerzas y cuerpos de seguridad tanto públicos como privados, que solamente en los últimos dos años habían exterminado a cerca de un millar de niños y adolescentes callejeros. Se lamentaba que en las voces públicas no se denunciara el subfenómeno violento tanto o más dramático que la violencia de las pandillas.

En enero de 2002 Maduro asumió la presidencia y solamente unos días después impactó al país con la espectacular captura de un formidable arsenal, que incluía lanzacohetes, de una banda criminal que operaba en coordinación con los cárteles de México y Colombia. Animado por el éxito inicial logró el apoyo del Congreso que emitió una ley anti-maras por la cual cualquier integrante de una pandilla podía ser detenido, juzgado y encarcelado tomando como referencia los tatuajes y no la probación de delitos habituales. En base a la nueva ley la Policía lanzó vastas redadas produciendo dos efectos perniciosos.

Por un lado, las cárceles se convirtieron en un callejón sin salida donde se multiplicó dramáticamente la población. Las acusaciones de la implementación tácita de una política de limpieza social ganaron aún más credibilidad cuando dos incendios separados, en 2003 y 2004, produjeron un total de 174 miembros de pandillas calcinados en bloques carcelarios exclusivos para ellos.

Por otro lado, las propias pandillas reaccionaron con mayor salvajismo al disparar indiscriminadamente a los autobuses de transporte. El peor de estos ataques dejó un total de 28 asesinados en un solo incidente en San Pedro Sula. Al final de su mandato, Maduro dejó en la ciudadanía la impresión que el poder de las pandillas no había sido quebrado sino sólo mimetizado entre la población. La peor de las tragedias carcelarias de la historia ocurrió apenas el 14 de febrero pasado, en Comayagua, con un total de 359 fallecidos en condiciones todavía no esclarecidas. ¿Tan sólo otro accidente?