Hace 30 años que la Comisión de la Verdad hizo público su informe «De la locura a la esperanza». Con ello se dio cumplimiento a otro de los acuerdos de paz que pusieron fin al enfrentamiento armado salvadoreño. El propósito de la Comisión, en última instancia, era el de estimular el tránsito hacia la reconciliación nacional. Con ese fin, emitió importantes recomendaciones para erradicar las causas estructurales vinculadas a los hechos graves de violencia que investigó. Pasadas tres décadas, conviene recordar algunas de esas recomendaciones para saber si continuamos en el camino de desmantelar las causas de la violencia política o si, por el contrario, nos hemos desviado.

Una de las recomendaciones fue la de derogar la Ordenanza del Ejército que obliga al subalterno a obedecer una orden ilegal, de manera que fuera protegido cuando se negara a cumplirla. También recomendó considerar como faltas graves contra la institución militar todas aquellas en las cuales sus miembros se prevalían de su condición para incurrir en abusos de poder o en ofensas contra los derechos humanos. Además, recomendó incluir en los planes de estudios desde la Escuela Militar hasta los Cursos de Estado Mayor la investigación profunda de los derechos humanos. Con respecto a la seguridad pública recomendó encargarla a un ente absolutamente civil como lo era la Policía Nacional Civil, la cual, debía necesariamente ser desmilitarizada y sin ninguna vinculación con la Fuerza Armada.

En relación con la administración de la justicia recomendó dotar a los jueces y abogados de independencia. Los jueces no deben ser nombrados ni removidos por la Corte Suprema de Justicia sino por un Consejo Nacional de la Judicatura independiente. Se debía quitar todo efecto legal a la confesión extrajudicial. Asegurar la vigencia, en toda circunstancia, de la presunción de inocencia del reo. Se debía cumplir estrictamente los plazos máximos para la detención policial y la detención judicial, estableciendo sanciones inmediatas para quienes los violaran. Se debía fortalecer el ejercicio del derecho a la defensa desde los primeros actos del procedimiento.

En el campo de protección a los derechos humanos, la Comisión recomendó fortalecer la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos. Ésta debía hacer uso con mayor frecuencia de sus poderes para visitar cualquier sitio o instalación en el país, especialmente por lo que toca a los lugares de detención. Era necesario adoptar medidas que hicieran verdaderamente operativos los recursos de amparo y hábeas corpus. Debía disponerse expresamente que el amparo y el hábeas corpus, así como las reglas del debido proceso, no pudieran ser suspendidas como garantías en ninguna circunstancia, incluso bajo un estado de excepción.

Las sanciones restrictivas de la libertad sólo podían ser impuestas por los tribunales de justicia dentro del marco del debido proceso. Debía mantenerse un listado central y actualizado de toda persona detenida, por cualquier circunstancia, su ubicación y situación jurídica a través de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Se debía conceder a toda persona que hubiese sido víctima de una violación de los derechos humanos de un recurso sencillo, que fuera rápido y accesible para obtener la reparación material de los daños que se le hubieren ocasionado.

La Comisión de la Verdad tuvo como mandato emitir recomendaciones como las citadas con el propósito de prevenir la repetición de la violencia política, así como estimular la reconciliación nacional. En su trabajo pudo identificar que las causas y condiciones que engendraron la violencia se nutrieron en circunstancias complejas cuyos principales elementos fueron la falta de garantía a los derechos humanos y la organización social al margen de los principios del estado de derecho. Los mismos elementos que han caracterizado a los últimos años de la vida nacional.

Para la población en general, hablar de garantía a los derechos humanos o de principios del Estado de Derecho no tiene efectos prácticos, mientras no les afecte directamente. Tampoco recuerdan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad ni comprenden el doloroso capítulo de la historia nacional que investigaron. El inmediatismo práctico, el olvido y la carencia de análisis crítico condena a las personas a reproducir y apoyar los mismos patrones que detonaron la violencia política. Esto pudiera acercarnos peligrosamente a una lamentable reiteración.