Con el gane de Joe Biden de la presidencia de los Estados Unidos se prevé un cambio en las políticas que durante los últimos 4 años ejecutó Donald Trump. Esas políticas fueron caracterizadas por un inmediatismo extremo que sometía todas las demás acciones y ámbitos al nacionalismo economicista. Las relaciones internacionales, los derechos humanos, el cambio climático, la democracia y la institucionalidad fueron elementos sacrificables si al hacerlo se obtenían nuevas riquezas para los estadounidenses. Por supuesto que esa es una visión corto placista que es incapaz de considerar las consecuencias y que resulta anacrónica a la realidad global actual. Es verdad que temas como la lucha contra la desertificación, la migración y la defensa de la democracia en contra de autocracias y dictaduras no son acciones que generen una rentabilidad pronta, pero sí fomentan las condiciones para que lo sean en el futuro. La razón económica inmediata privó a Trump de la capacidad de visualizar y anticiparse a esas condiciones y le condujo a desarrollar una política exterior utilitarista en demasía.

En relación con el Triángulo Norte de Centroamérica no le interesó otra cosa más que detener el flujo de migrantes hacia su país en donde, a su criterio, usurpan los empleos y beneficios que les corresponden a los estadounidenses. Una vez los gobiernos de los tres países firmaron los acuerdos de tercer país seguro se desentendió por completo de ellos. Los diversos abusos que pudieron cometer los gobiernos de la región fueron a ciencia y paciencia de su administración a cambio de que conservaran la represión antimigrante. Con Biden se recobrará el enfoque más integral y a largo plazo que ha sido tradicional de parte de los Estados Unidos. No porque sea una propuesta del presidente electo sino porque es el resultado de un larguísimo proceso de luchas democráticas que han convencido a Washington de que el multilateralismo es la vía más adecuada para mitigar conflictos que afectan sus intereses.

El Plan para la Construcción de la Seguridad y la Prosperidad para los Pueblos de América Central presentado durante la campaña electoral da cuenta de la intención de Biden de no continuar siendo indiferente con la realidad de la región. Ya no solo existe un interés en el tema migratorio sino también en el de inversión privada, institucionalidad, seguridad, reducción de la pobreza, desarrollo y corrupción. Sobre este último, propone una estrategia para atajar a la que califica como «corrupción endémica» por medio de una mayor presencia del Departamento del Tesoro y de Justicia en las embajadas del área para colaborar en la investigación de la corrupción y las actividades ilícitas. Prevé una mayor inversión para capacitar y apoyar a fiscales especializados en anticorrupción. También visualiza la creación de una comisión regional para combatir la corrupción y que apoye a la instituciones nacionales y fiscalías. Una especie de Comisión Internacional Contra la Corrupción para el Triángulo Norte. También menciona la cancelación de visas para los corruptos de El Salvador, Guatemala y Honduras y el congelamiento de sus bienes y activos. Por supuesto que no se debe esperar que Biden sea quien resuelva todos nuestros problemas. Pero resulta alentador contar con un apoyo importante que nos permita defender los valiosos logros institucionales y democráticos de nuestra posguerra.