La situación de violencia de las últimas dos décadas pesa ya mucho sobre los salvadoreños en sus vivencias diarias como en sus experiencias psíquicas. La situación expone la impotencia ciudadana y genera un sentimiento de frustración y desesperanza. Los ánimos se caldean, la paciencia se agota y se proponen soluciones al problema.

Las salidas pueden resumirse en las propuestas de represión y prevención. Se han generado debates en los que especialistas en los temas han defendido sus razones y argumentos. Dada la situación de cansancio y de impaciencia, la defensa de las dos propuestas ha cobrado calor al punto que en el afán de ganar contundencia se han hecho esfuerzos por subrayar cada uno de los dos aspectos. Así, se ha creado una situación en la que cada propuesta se percibe como la antípoda de la otra.

Considerar la represión y la prevención como excluyentes y opuestas es perder la objetividad de la situación. Represión sin prevención es una lucha sin fin. Prevención sin represión es un idealismo a ultranza. El sobre énfasis ha llevado a adoptar posiciones virtualmente exclusivistas; pero, la realidad es que en ambas partes existe la conciencia que se necesita combinar creativamente los dos elementos en una política única de tratamiento a las violencias.

Cada una de las partes han hecho observaciones y elaborado propuestas sobre la manera cómo se ha enfrentado la problemática hasta hoy. Quienes enfatizan el tema de la represión han hablado de la necesidad de priorizar la inteligencia, las ciencias investigativas, la eficacia judicial y la dotación de recursos. Por parte de quienes enfatizan el tema de la prevención se habla de la adopción de una política completa de prevención dotada de recursos y personal capacitado para desarrollar programas amplios, prolongados e integrales.

En la elaboración de una estrategia unificada a largo plazo debería adoptarse los principales aportes de ambas partes en una combinación equilibrada. Principalmente aquellos que provienen de personas que han demostrado con hechos que les acompaña la experticia que confiere autoridad.

Para la construcción de una política integrada y estratégica de resolución al problema de las violencias se requiere un reconocimiento de las deficiencias que han caracterizado a los abordajes presentes y anteriores. La resolución de ubicar como prioridad el problema que más preocupa a la población y que más le roba la esperanza. La capacidad de empeñarse en un esfuerzo cuyo fruto no se cosechará al corto plazo sino en el futuro extenso sin lugar a la improvisación. La habilidad para convocar y crear la sinergia para la participación activa y perseverante de los sectores sociales claves.

Una política tal también demandará inversiones considerables y sostenidas. La manera de asegurar la financiación deberá ser uno de los elementos que necesariamente debe contemplar la política integral de resolución de conflictos violentos. El problema es grave y continuará complicándose si no se toman medidas efectivas que vayan a la raíz de los problemas. El empeño en este esfuerzo encontrará a la sociedad y al Estado preparados para dar respuestas oportunas y adecuadas a las coyunturas que se vayan presentando en el camino. Al frente del proceso deberán ubicarse las personas más lúcidas y honorables del país para que con una ruta estratégica clara y definida sea asunto de creatividad e inteligencia el reaccionar correctamente.