El tema de la violencia fue descuidado desde un principio. En lugar de buscarle una salida seria se le utilizó para fomentar el negocio de las compañías de seguridad, la venta de armas y la manipulación electoral.

Cuando las cosas ya se habían salido de control, se propuso una ley de mano dura que solamente incrementó el problema. Luego vino una segunda oferta electoral que prometía dos manos: una súper dura y otra amiga. Si las manos existieron o no ya no es tema de discusión. Lo que sí es verdad es que el lema de esa campaña electoral, «País seguro», terminó ubicando a El Salvador en el primer lugar del país más violento del continente.

Luego vinieron los vientos de cambio que anunciaban un abordaje creativo y nuevo al tema de la violencia. Se sacó el ejército a las calles, se endurecieron las penas para los menores, se incrementó el número de agentes de la Policía Nacional Civil, se entregó la vigilancia externa de los penales al ejército y se fue más riguroso en las requisas dentro de los penales, sin mejoras que pudieran considerarse sostenidas y tampoco sustanciales.

Mientras tanto, la violencia saltó de las acciones aisladas a la expresión coordinada de poder. En septiembre de 2010 lograron paralizar el transporte del país y casi toda la actividad productiva. Con menos hechos de violencia que en los macabros días regulares, la voz de mando fue suficiente. La lucha de los signos de poder se abrió y el Estado respondió con signos de poder también: helicópteros que vigilaban nada, tanquetas y tanques esperando un imaginario ataque artillado, ametralladoras para perforar blindaje de nadie sabía qué cosa.

¿Estos signos de poder fueron para atemorizar a los grupos disfuncionales o para infundir seguridad a la población? Talvez ambas cosas. El hecho es que el poder se decantó a favor de las amenazas. Ni los transportistas confiaron en las fuerzas del Estado ni la población tampoco. El paro terminó hasta que los grupos disfuncionales lo indicaron.
En el epílogo de la crisis se sancionó la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal. Que de paso, tampoco ha resuelto nada. Después, se ofreció el reclutamiento de 5,000 jóvenes en riesgo como medida de prevención. Lo que en un principio se planteó como servicio militar obligatorio sin armas, muy pronto se convirtió en servicio cívico obligatorio y ahora ¿sabe alguien qué pasó con la idea?
Grandes extensiones territoriales están fuera del control de las autoridades responsables de garantizar la seguridad de las personas. El crimen rodea las escuelas, los institutos, las iglesias y existen poderes de facto que disponen libremente de la vida y de la libertad de las personas. Los vecinos saben quiénes son los violentos, los extorsionistas, los jefes. Los fiscales siguen esperando la denuncia ciudadana; pero, nadie desea ser mártir de una causa inútil.

Se desconfía totalmente del sistema de protección de testigos pero se reconoce la extremada eficacia de los mecanismos de venganza y muerte. «Ver, oír y callar o con tu vida pagarás», se encuentra escrito repetidas veces a grandes letras en las paredes de los territorios controlados.

La violencia social es altamente creativa, mutante y se adapta rápidamente a cualquier tipo de medida o ley que se promulgue. Pero también sigue siendo verdad que en cualquier lugar donde se implementan programas integrales de prevención los índices de criminalidad decrecen. Los únicos pensamientos que resolverán los problemas de la violencia son los que serán diferentes al tipo de pensamiento que creó esos problemas.