La actual situación de violencia afecta a nuestro país en diversas áreas. En cuanto a los derechos humanos representa la principal amenaza. Para las finanzas, el lastre. Para los políticos, la piedra en el zapato. Para la ciudadanía, la desesperanza. Para la educación, una amenaza creciente. Para el sistema judicial, la prueba constante. Para el sistema penitenciario, el colapso. Para la Policía, la impotencia. Para la Fuerza Armada, la frustración. Para el sentido común, lo inobjetable.

El asunto ha cobrado tal proporción que debería ser materia para un tema de nación. La prevención de la violencia debería privilegiarse sin relegarla a un abordaje marginal. Como tema de nación requeriría la participación y el compromiso de todos los sectores, para que funcione como plan bien estructurado y de largo plazo. Debe pensarse en una política que sea adoptada y priorizada por, al menos, las siguientes cinco administraciones presidenciales.

Estas características exigen una visión de país y de nación que vaya más allá de los intereses partidarios. Algo a lo que no estamos acostumbrados y que, de por sí, es ya malo pues una política nacional de prevención solamente será factible cuando la sociedad articule sus aspiraciones y las enfoque en una dirección unificada. Serán necesarios muchos esfuerzos de información y comprensión. Deberá dejarse de lado la instrumentalización del tema y será muy importante la expresión de las preocupaciones ciudadanas.

La política nacional de prevención de la violencia debería concebirse como un esfuerzo multisectorial y multifacético. En su sentido último tendrá que enfatizar el desarrollo humano, la optimización del sistema judicial y el ennoblecimiento de la política. Las medidas oportunistas y espasmódicas tendrán que ceder el lugar a la serenidad de un programa detallado y metódico.

Sería un error que tal programa se basara en un mero asistencialismo, más bien debe ser un esfuerzo sostenido por proveer a las mayorías la posibilidad de un proyecto de vida posible, que respete y potencie las vocaciones particulares. Tal respeto por las capacidades personales dotará al programa con la virtud de la autosostenibilidad. Después de todo, no todos los jóvenes serán panaderos o carpinteros y el país tampoco necesita a toda su juventud en la misma faena.

Al priorizar la prevención de la violencia es importante no descuidar a la población sin conflictos con la ley, para que no se refuerce la idea que es necesario delinquir para que el sistema otorgue una beca o el acceso a un programa de oportunidades laborales.

El elemento que faltaría en este esfuerzo es el de un liderazgo capaz de crear la conciencia nacional y de producir la movilización de los sectores para la participación. La inercia puede hacer pensar que los llamados deberían ser los políticos. Pero, es difícil que aquellos que reflejan desde hace años el último lugar en términos de confianza ciudadana puedan ser los abanderados del esfuerzo.

Por su parte, la ciudadanía puede desarrollar iniciativas y, de hecho, lo ha venido haciendo en los últimos años con la presentación de planes concretos. Pero, solamente han merecido una fría acogida de la clase política para luego pasar al cajón del olvido. Sólo la sociedad articulada podrá crear el impulso necesario para una política pública que vaya a la raíz del problema y a su solución.