En el vocabulario de los medios de comunicación y de los políticos encontramos que para referirse a la diáspora salvadoreña se usan con bastante frecuencia términos cuyos sentidos no han sido razonados debidamente. Ejemplo de ello es la confusión o similitud que se hace entre los términos “refugiado” y “migrante”. Esa confusión afecta a las dos poblaciones y hace más difícil proteger sus derechos. Las personas refugiadas son las que no pueden regresar a su país porque corren un peligro real de sufrir graves violaciones de derechos humanos. Tal es el caso de los niños y jóvenes que, bajo la amenaza de las violencias, se ven en la necesidad de salir del país y cruzar fronteras irregularmente en busca de seguridad. La situación en su sitio de residencia es tan amenazante e intolerable que prefieren correr el riesgo de un viaje también peligroso pero que, al menos, les provee la esperanza de preservar sus vidas. Por su parte, las personas migrantes son las que se desplazan de su lugar de vivienda principalmente para mejorar sus condiciones de vida. Salen en busca de trabajo, para formarse o para hacer negocios. Mientras que un refugiado no puede volver a su hogar de manera segura, un migrante sí puede hacerlo aunque las condiciones económicas en su país de origen continúen sin despegar.

El Estatuto de los Refugiados y su protocolo establecen que las personas refugiadas deben recibir por parte de los Estados la seguridad de no ser devueltas a los peligros de los que huyeron; además, acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces; y también, medidas que garanticen que en el país de asilo se respetarán sus derechos humanos. Los Estados de destino tienen la responsabilidad primordial de brindar dicha protección y sus representantes deben explicar esa obligación a la población local. Si una persona refugiada es calificada como migrante será sometida a los procesos migratorios regulares, los cuales, pueden desembocar en la deportación a la situación de amenaza grave de la cual huyó. Eso ocurre con los salvadoreños que huyen de las violencias en nuestro país y que son catalogados, por razones políticas o por ignorancia, como migrantes cuando en realidad se trata de auténticos refugiados. Con ello, se les violentan las prerrogativas que les otorga el derecho internacional.

Confundir a las personas refugiadas con las migrantes puede provocar graves consecuencias para la vida y la seguridad de ambos grupos. El refugiado necesita protección internacional y debe poder acceder a ella; por su parte, el migrante también necesita que le sean respetados los derechos humanos y no ser tratado injustamente. En la actualidad la migración salvadoreña incluye tanto a personas refugiadas como personas migrantes. Es difícil determinar cuál es la proporción de cada grupo. Pero, lo que sí es verdad es que ambos necesitan que se les protejan sus derechos humanos. Esta debería ser una preocupación para los miembros de iglesias que deseen llevar su fe más allá del discurso. Por bastante tiempo se ha lamentado la pérdida de los valores familiares; pero, mientras las familias continúen siendo rotas por el desconocimiento general de los derechos, no se estará haciendo nada por resolver el mal. Un paso sencillo e inicial es el de comprender las diferencias entre ambos grupos, las cuales determinan la conciencia que debemos tener sobre sus distintas circunstancias y los derechos que les asiste en cada condición.

Escuche la versión en audio de este editorial aquí: