En la actualidad, la violencia ha adquirido dimensiones que no tenía dos años atrás. Es evidente que hoy se está librando un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los miembros de pandillas. Esta es una situación que se venía mencionando desde que se comenzaron a dar los primeros indicios pero que se ha consolidado en los últimos meses.

En septiembre, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA denunció al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el uso de fuerza excesiva y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los cuerpos de seguridad.

Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha informado que en el presente año ha recibido 20 denuncias de ejecuciones que suman un total de entre 40 a 50 víctimas.

Las pandillas han asesinado, al momento de redactar este artículo, a 39 policías, 21 soldados y 4 custodios de centros penales. Además, familiares de agentes y soldados han sido también alcanzados por esta nueva faceta de la violencia.

Los nuevos protocolos y medidas que la policía ha adoptado no han sido suficientes para proteger la vida de sus agentes. Si la medida de colocar vehículos artillados en las calles fue parte de una estrategia de disuasión de nuevos asesinatos, la idea no cumplió con su cometido, pues, el tiempo de la salida de las tanquetas coincide con el alza pronunciada de asesinatos de las últimas semanas. Si la intención era generar un sentimiento de seguridad en la población, ese impulso inicial fue pronto malogrado cuando la realidad homicida se impuso a los pocos días. Lo grave es que con ello se agotaron las demostraciones de fuerza simbólica con que el Estado cuenta.

Aunque el enfrentamiento no se puede clasificar todavía como una guerra convencional, se trata de un ciclo de venganzas que muestra una tendencia ascendente. De continuar estas condiciones, al país le esperan días más sangrientos y dolorosos.

Para mitigar la actual ola de venganza homicida se puede impulsar un esfuerzo para humanizar el conflicto. Una manera de hacerlo sería aplicando los Convenios de Ginebra, principalmente, el artículo 3 que es común a todos ellos y que se refiere a conflictos que no son internacionales, sino que surgen en el territorio de un Estado contratante. Las partes están obligadas a aplicar un trato humano a las personas que se encuentran fuera de combate aun cuando sean integrantes de una de las partes en conflicto. Prohíben el homicidio en todas sus formas, la tortura y las ejecuciones sin previo juicio. Para hacer esto posible se necesita de la mediación de una o varias entidades que puedan garantizar el cumplimiento de los convenios y lograr la observación de las normas de humanidad básicas.

Los convenios sugieren al Comité Internacional de la Cruz Roja para tales efectos. La idea supone asumir algunos costos políticos, pero eso es preferible a continuar con la debacle de seguridad en la que nos encontramos y que no permite que los planes de persecución del delito funcionen y mucho menos los planes de prevención.

Lo peor que puede ocurrir es no hacer nada y continuar la inercia guerrerista de las últimas décadas. En ese no hacer nada, la peor parte la seguirán pagando los pobres de ambas partes, que son los que sacrifican sus vidas por razones que no valen la pena, y eso merece la más solemne y enérgica censura moral.

Escuche la versión en audio de este editorial aquí: