El error más común al tratar de entender cómo se realizó la selección de los 50 municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro es el de asumir que el criterio usado fue el de la cantidad de homicidios que se perpetraban en cada uno de ellos. Si bien es cierto que ese fue un elemento, el diagnóstico del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana partió de un panorama más amplio que incluyó los niveles de exclusión social, la convergencia de factores de riesgo, las limitaciones a los servicios públicos, los patrones culturales portadores y reproductores de la violencia y los niveles de socialización familiar. De hecho, ya en 2014 cuando se priorizaron los municipios, estos no resultaron necesariamente ser aquellos donde había mayor cantidad de homicidios, pero sí aquellos en donde se daba la mayor conjugación de los factores mencionados.

¿Por qué se utilizaron esos criterios? Por la naturaleza del Plan, el cual va a las causas que generan la violencia y no a sus manifestaciones. Realizar un mapeo de los municipios donde se perpetran más homicidios es adoptar un enfoque criminalístico que, si se hace muy bien, puede ser muy útil para la PNC; pero no puede ser el elemento rector y mucho menos el único, para el enfoque preventivo del Plan El Salvador Seguro. El Consejo Nacional de Seguridad no pretende y tampoco tiene interés en asumir el papel de la Policía. La tarea de persecución del delito le corresponde de manera exclusiva al Estado.

El fenómeno de la violencia, especialmente el de las pandillas, es muy dinámico, mutante y móvil. No debe el plan andar corriendo cada año tras los municipios en donde existen disputas de territorios que incrementan los homicidios para implementar sus medidas de prevención. Eso, además de absurdo, sería totalmente inútil. Se debe ir a la fuente de manera muy seria y a plazos medianos y largos. El juego del gato y del ratón es para la Policía, no para un plan integral de prevención de la violencia.

A partir de la implementación de las medidas extraordinarias, la violencia de las pandillas, que anteriormente estaba enfocada en los centros urbanos, se ha diseminado por casi todo el territorio nacional, volviéndose también un fenómeno rural. En esa dinámica los repuntes de homicidios pueden pasar de un municipio a otro con relativa rapidez. El Plan El Salvador Seguro se enfoca en erradicar los factores de riesgo detonantes de la violencia; no se rige por los brotes temporales de violencia sino en prevenir que los haya.

El que los municipios priorizados no sean los que en la actualidad presentan mayores índices de homicidios no constituye ninguna falla ni olvido, sino un error de quienes no han comprendido el espíritu en que se fundamenta. Esa falta de comprensión puede ser muy grave cuando se encuentra en los diputados que, por ley, son quienes deben asignar los fondos para el Plan. Por ejemplo, en el eje de prevención de la violencia el Plan recomienda asignar la cantidad de $1,550 millones en un plazo de cinco años. No obstante, al ritmo actual, se terminará asignando menos de $357 millones en ese periodo. Una cantidad inadecuada como para esperar los resultados que todos deseamos.

Otras veces, la falta de comprensión no pasa más allá del hecho de provocar críticas injustas a un plan que ninguna persona sensata ha objetado hasta hoy. El lado bueno es que mucha de la incomprensión puede resolverse fácilmente: tomándose unos minutos para leer el Plan El Salvador Seguro.