Para las víctimas, los actos de reconocimiento público de responsabilidad del Estado, representan un cambio formal en la tendencia que las autoridades han mostrado frente a los hechos que les enlutan. La tendencia generalmente comienza con la negación de las violaciones, continúa con el rechazo de las responsabilidades, la obstrucción de las investigaciones y la inviabilidad de un proceso judicial para procesar a los culpables.

Un acto de reconocimiento es, en sí mismo, un cambio de dirección en esa tendencia que hace público ante las víctimas y la sociedad la realidad de lo ocurrido y la aceptación de responsabilidades. Las víctimas esperan que a partir del reconocimiento haya un cambio en el trato que están habituados a recibir por parte del Estado. Esperan que la nueva relación esté basada en el respeto y la dignidad de las personas y en el restablecimiento de una confianza básica.

Dado que los hechos de responsabilidad del Estado se basan en causas sociales y políticas, con mucha frecuencia se ofende y denigra a las víctimas. El propósito político solamente puede sostenerse con la imposición de categorías ideológicas que justifiquen el trato dado y minimicen a las personas. El esfuerzo puede resultar en que las víctimas vean cuestionada su misma experiencia incrementando su desconcierto y dolor. Mientras no se produzca un acto de reconocimiento, tendrán que continuar enfrentando cada día el vilipendio a sus familiares y la evasión de la responsabilidad.

Cuando los hechos que se reconocen son más numerosos que el particular, el acto también representa un reconocimiento indirecto a otras víctimas. La necesaria especificidad del reconocimiento de un caso, también puede tener un sentido de reparación moral para otras personas que se vieron afectadas por violaciones similares. Además, para que sea coherente, con igual claridad, debe incluir compromisos públicos del Estado en la prevención de nuevas violaciones a los derechos humanos.

El sentido de reparación moral cobra mucha más relevancia cuando el reconocimiento se produce de manera voluntaria y no bajo la presión de una sentencia. El nivel de representación del Estado y la publicidad dada al acto le otorga un efecto pedagógico preventivo. A más alta representación y a más amplia publicidad, mayor contundencia en la ruptura con la práctica de las violaciones a los derechos humanos y su encubrimiento. Una función educativa no sólo para las fuerzas de seguridad sino para toda la sociedad que comprende que conductas abusivas y aberradas no serán toleradas ni vistas más como aceptables.

Por supuesto que los actos de reconocimiento despiertan muchas sensibilidades. No puede ser de otra manera porque siempre aluden a componentes simbólicos como medio para reconocer la injusticia de los hechos y la dignidad de las víctimas. Los resquemores serán mayores si tal acto es insólito en las posiciones acostumbradas por el Estado. A mayor novedad, mayor revuelo de opiniones contrarias levantará.

Pero para las víctimas, que han vivido marginadas o perseguidas durante años, es tal vez el único momento en que se sienten importantes para el Estado y bien tratadas por él. Es el momento cuando las autoridades se acercan a ellas, mostrando respeto y dándoles importancia como ciudadanos con derechos. Para las víctimas, esa experiencia es la que le da validez y sentido al reconocimiento, por encima de las opiniones y análisis que terceros puedan hacer.