La seguridad pública es el fundamento del orden político, que hace posible la sustentación del Estado. La seguridad se expresa tanto en la certeza del orden legal como en las condiciones del diario vivir. Cuando la seguridad está garantizada es posible que los ciudadanos se comprometan en la construcción de una sociedad democrática y humana. Por el contrario, cuando la seguridad no se garantiza las personas pierden el rumbo y un sentimiento de intranquilidad rige en las relaciones.

En nuestro país la inseguridad está presente tanto en la actual desavenencia entre los poderes formales Legislativo y Judicial, como en las calles y las colonias. Comprender la inseguridad del sistema legal resulta no muy popular porque su manifestación es abstracta y se requiere un mínimo de cultura y educación para comprender su naturaleza. Al contrario, la inseguridad de la calle es aprehendida de manera inmediata ya que el peligro es evidente y amenazante.

Para las mayorías el tema de la constitucionalidad podría no despertarles interés en tanto que su problema cotidiano siga siendo el dólar de renta que deben pagar para poder entrar a la colonia donde han vivido por años. En el fondo el tema es el mismo: inseguridad. En ambos casos lo que se necesita es voluntad para resolver las situaciones.

A pesar que el tema constitucional es importante, no hay que olvidar que el problema más sentido para los salvadoreños es el de la violencia. No se debe olvidar que al presente se vive un importante momento de distensión que debería ser aprovechado diligentemente para construir las condiciones que garanticen la seguridad.

De no aprovecharse la apertura actual se volvería al estado anterior que, por ser ya vivido, fácilmente se puede predecir: incremento dramático de los homicidios, escalada de las extorsiones, ataques a personal de la Policía y del ejército, desaparición de niños estudiantes, abusos y asesinatos de jovencitas, quema de autobuses.

¿De qué soluciones se dispondría para semejante escenario? Una idea que se sigue repitiendo es la intensificación de las medidas represivas. Pero tanto en El Salvador como en el llamado triángulo norte está más que probado que a mayor represión mayor potenciación de la violencia.

La magnitud de la violencia es tal que las cárceles son incontrolables y aun los penales de máxima seguridad no ofrecen garantías. El sistema judicial se encuentra colapsado y la capacidad de investigación se rebasó hace mucho. Un sistema penal en donde la figura del testigo es fundamental está destinado al fracaso dado que no muchos desean ser mártires inútiles.

Si se comprenden las dinámicas propias de las pandillas no es difícil caer en la cuenta que la lógica de combate al crimen convencional resulta insuficiente para hacer frente al fenómeno.

La tregua actual y los demás gestos de buena voluntad responden a la etiología de las pandillas y son incomprendidos por quienes continúan aplicando la lógica del delito común. Las condiciones actuales constituyen una ocasión afortunada que debe ser tomada muy en serio, con creatividad y audacia. Por supuesto que existen riesgos en este camino pero también existen riesgos en ignorar la ocasión pasándola por alto.

La fuerza de la decisión debe entonces enfocarse calculadamente en aquel camino que ofrezca mayores condiciones de solución. Lo peor que se podría hacer es no hacer nada.